22 de mayo de 2024: un juez federal bloqueó una disposición clave de la ley de inmigración de Florida (SB 1718), una ley polémica defendida por el gobernador Ron DeSantis durante su candidatura a la presidencia en 2023 que incluía una disposición que convertía en delito grave el transporte de inmigrantes indocumentados al estado. El miércoles, el juez de distrito federal Roy Altman concedió una orden judicial preliminar que bloquea esa parte de la ley, al considerar que “invade el territorio” bajo la responsabilidad del gobierno federal. En su fallo, el juez Altman citó el precedente bien establecido que establece que la inmigración es un asunto regido exclusivamente por la ley federal y determinó que la Sección 10 de la SB 1718 extiende de manera inadmisible la autoridad del estado para realizar arrestos por violaciones de la ley federal de inmigración. Por ahora, los funcionarios estatales y locales de Florida tienen prohibido hacer cumplir la sección de la ley relacionada con el transporte de personas.
La orden judicial sólo bloquea la aplicación de la Sección 10 relacionada con el transporte de personas, pero las otras disposiciones de la SB 1718 siguen en vigor. Estas incluyen disposiciones que exigen que todas las empresas privadas con 25 o más empleados utilicen el sistema E-Verify para verificar que todos los nuevos empleados estén autorizados a trabajar, y disposiciones que imponen sanciones penales a nivel estatal a los empleadores que contraten trabajadores no autorizados a sabiendas. Se estima que más del 40% de todos los trabajadores agrícolas en Florida no están autorizados, y en el año transcurrido desde su aprobación habrá resultado en una pérdida del 10% de toda la fuerza laboral del estado y una pérdida de $12.6 mil millones de PIB.
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